Perú ha sido el escenario de uno de los conflictos armados no internacionales más largos de América Latina, en el que el Estado peruano se enfrentó a grupos armados organizados – Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) – entre 1980 y 2000. El conflicto armado ha dejado un saldo de 69.280 víctimas entre muertos y desaparecidos. En 1995, Perú también se vio involucrado en la corta pero intensa Guerra del Cenepa con el país vecino Ecuador. Estos dos conflictos han dejado áreas e infraestructuras contaminadas por minas antipersona en todo el país, especialmente en la provincia de Condorcanqui, región amazónica en la frontera con Ecuador, donde NPA actualmente apoya el desminado humanitario.
Desde el año 2000 y hasta la fecha, Perú ha experimentado un crecimiento económico constante, bajo un modelo económico bastante liberal. La pobreza se ha reducido del 50% al 20% entre 2004 y 2019, y – hoy – Perú es una de las economías más estables de la región, a pesar de las continuas crisis políticas. Sin embargo, como antes y durante el conflicto armado no internacional, la distribución de recursos y poderes sigue siendo desigual e injusta, en un contexto de criminalización del derecho a la protesta, una libertad de prensa cada vez más amenazada y una sociedad civil demasiado debilitada para lograr un impacto real en la protección de los derechos fundamentales negados a la población.
El debilitamiento progresivo de la democracia y la corrupción endémica están en la raíz de los múltiples desafíos que enfrenta Perú hoy en día. En todo el país —y en particular donde NPA apoya el Desminado Humanitario Humanitaria— las economías ilegales —especialmente la minería— ya han comprometido irreversiblemente el medio ambiente, generando un impacto devastador en las comunidades indígenas locales fronterizas con Ecuador, cuyos defensores están en una situación de alto riesgo. El preocupante aumento de la violencia nacional y transfronteriza y del crimen organizado está alimentado por el tráfico ilegal y el contrabando de armas, a menudo desviados de instituciones militares y policiales, y que tienen impactos tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas.
Programa
Desde el establecimiento de NPA en el Perú en 2018, el programa de desminado y desarme ha trabajado con una metodología de localización, apoyando a las unidades del Ejército Peruano con desarrollo de capacidades, asistencia técnica y provisión de equipos esenciales; con el objetivo de reducir las consecuencias humanitarias que las armas y municiones dispersas o almacenadas pueden tener sobre la población civil.
Trabajamos en estrecha cooperación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, acompañando a Perú en el cumplimiento de sus obligaciones bajo tratados internacionales ratificados.
Desminado Humanitario
- En 2012, a petición de los Gobiernos de Chile y Perú y utilizando perros detectores de minas (MDDs), NPA logró liberar un territorio de aproximadamente 70.000 m2, permitiendo la demarcación de la frontera y marcando el fin de una disputa territorial de larga data entre los dos países vecinos.
- En 2025, NPA Perú volvió a ofrecer su apoyo a Perú en sus esfuerzos de desminado humanitario en la frontera norte con Ecuador. En esta región de la selva amazónica, habitada por comunidades indígenas Awajun, el impacto de la presencia de minas antipersona se produce en un territorio protegido por la ley, pero gravemente deteriorado ambientalmente por la minería y tala ilegales, y donde el tráfico ilegal de armas y drogas socava aún más el tejido social y los derechos de las poblaciones nativas, limitando su acceso a recursos y las oportunidades de encontrar alternativas de subsistencia fuera de la cadena de valor criminal.
Mediante el fortalecimiento de capacidades y la donación de equipos esenciales, NPA seguirá acompañando al Perú hacia el cumplimiento del Artículo 5 de la Convención contra las Minas Antipersona (APMBC) antes del 31 de diciembre de 2029. Para consolidar el impacto social y económico de la liberación de tierras en las áreas de operación, NPA planea integrar el apoyo a organizaciones y autoridades locales, especialmente en los sectores de resiliencia climática y soberanía alimentaria.
Gestión de Armas y Municiones
Las armas y municiones excedentes, obsoletas y almacenadas de forma incorrecta han causado —en Perú y en todo el mundo— explosiones no planificadas, con consecuencias fatales entre los civiles. Además, la mala gestión de la seguridad física y de los almacenes es una de las causas principales del desvío de armas y municiones que terminan en circuitos ilegales, con consecuencias igualmente devastadoras para la población.
Por esta razón, desde 2017 y hasta la fecha, los esfuerzos de la NPA en el Perú se han centrado en apoyar a las Fuerzas Armadas peruanas para la destrucción armas y municiones peligrosas e inestables, en un contexto donde el proceso de urbanización que acerca los centros urbanos a los almacenes de munición pone a los civiles en mayor riesgo.
Tras destruir más de 400 toneladas de municiones obsoletas entre 2017 y 2023, desde 2024 y gracias a la financiación de Estados Unidos, NPA Perú también se ha centrado en desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico y las capacidades de las Fuerzas Armadas para una mejor gestión de sus armas y municiones, en línea con el Plan Estratégico del Ministerio de Defensa peruano para la gestión de armas y municiones.
Munciones en Racimo
- Gracias al apoyo recibido por NPA, el 15 de diciembre de 2023 Perú se convirtió oficialmente en un país libre de municiones de racimo. Durante casi diez años, NPA ha proporcionado asistencia técnica, logística y financiera a la Fuerza Aérea peruana, logrando destruir todo su arsenal almacenado: 2.021 municiones en racimo contenientes más de 150.000 submuniciones. De este modo, Perú pudo cumplir con sus obligaciones conforme al Artículo 3 de la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM).
NPA está comprometida a seguir apoyando el desminado humanitario y la gestión de armas y municiones en Perú, para proteger a los civiles de cualquier daño.
Datos Rápidos
- Entre 2020 y 2025, más de 50 personas —en su mayoría jóvenes estudiantes— murieron en el contexto de protestas contra la corrupción y en defensa de la democracia
- En 2025, Perú ocupó el puesto 130 de 180 países por libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras
- En 2024, Perú fue clasificado como un "régimen híbrido" y ocupó el puesto 78 de 167 en el "Índice de Democracia" de The Economist
- El 44% del oro exportado por Perú proviene de la minería ilegal. Cada día, al menos 100 toneladas de material con contenido aurífero salen ilegalmente de la provincia de Condorcanqui rumbo a Ecuador
- Hasta 2025, se han perdido 140.000 hectáreas de bosque amazónico debido a la minería ilegal. En la provincia de Condorcanqui, la deforestación está creciendo rápidamente y expandiéndose a las cuencas de los ríos Santiago y Cenepa
- Desde 2020, al menos 35 líderes indígenas han sido asesinados en Perú por defender sus territorios y el medio ambiente
- Se estima que hay más de 340.000 armas de fuego no registradas en Perú, muchas de las cuales alimentan los circuitos ilegales. Las principales rutas internacionales ilegales de salida se encuentran en la frontera norte con Ecuador, en los departamentos de Amazonas y Tumbes
- El 84% de los homicidios en Perú se cometen con armas de fuego
- Las armas de fuego aumentan la violencia sexual y de género en contextos criminales
- En la provincia de Condorcanqui, la violencia sexual y basada en genero (VSBG) se refleja trágicamente en la violencia sexual infantil —principalmente contra niñas indígenas y perpetrada en entornos escolares— con más de 800 casos reportados en los últimos años frente a una población total de aproximadamente 40.000 personas












